Sistema Político
Diseñar un sistema político supone alcanzar un difícil equilibrio entre gobernabilidad, representación y participación en tres sistemas interdependientes: relación ejecutivo-Congreso, sistema electoral y partidos políticos. En el escaso tiempo que tuvo, la Comisión Experta buscó conciliar estas variables afrontando la principal deficiencia de nuestra democracia: su excesiva fragmentación e incapacidad para procesar demandas ciudadanas.
Con este propósito, el anteproyecto avanza en dos direcciones. Primero, busca disminuir el número de partidos con representación parlamentaria y empoderar a los que subsistan. Es novedosa la extensión con que el borrador trata a los partidos, algo poco común a nivel comparado y que marca un quiebre con la constitución actual, impregnada de desconfianza hacia ellos. La propuesta introduce un umbral en las elecciones parlamentarias para acceder a escaños lo que, si bien sacrifica representación, contribuye a la gobernabilidad. Se introducen reglas antidíscolos, se constitucionaliza un mejor modelo de control de ética parlamentaria y se fuerza a independientes a pertenecer a una bancada. Tal vez la regla más controvertida es el establecimiento de órdenes de partido que, si bien se declaran excepcionales y se someten a debido proceso, deberían tratarse como ‘categorías sospechosas’ porque supone delegar la representación política de quienes han sido electos con tal propósito, además de que su uso puede volverse fácilmente abusivo.
En este punto, el anteproyecto contiene una omisión que el Consejo podría corregir. Es cierto que se busca empoderar a los partidos, pero se hace poco por incentivarlos a desarrollar una dimensión programática o, al menos, a diferenciarse doctrinariamente. Bien se podría haber avanzado en alternativas que contribuyan a ello, como un sistema electoral de listas bloqueadas (en las que se vota por partido y no por candidatos). Sin embargo, se optó por el reconocimiento de pactos electorales (que favorecen la complicidad antes que la competencia) y la posibilidad de establecer elecciones con listas desbloqueadas (que personaliza el voto). Ambas alternativas podrían atentar contra el propósito buscado si consideramos la creciente cartelización de nuestros partidos políticos.
Simultáneamente, también se avanza en el fortalecimiento político y jurídico del Presidente de la República. En ello hay reminiscencias de la reforma constitucional de 1943, así como de los intentos fallidos de Alessandri Rodríguez y Frei Montalva por empoderar al presidente como forma de revitalizar al sistema político. Se lo empodera políticamente al desplazar las elecciones parlamentarias a la segunda vuelta, para producir un efecto de arrastre a favor de las listas parlamentarias con candidatos presidenciales en competencia. Con ello tal vez se favorezcan mayorías legislativas favorables al vencedor, pero el costo puede ser alto, ya que ese Congreso sería un espejismo de representatividad al no encarnar la pluralidad de visiones políticas existentes. Y aún si ello no ocurre, el costo en participación también puede serlo: si un candidato presidencial gana en primera vuelta, la participación electoral en la parlamentaria probablemente sea baja.
Por otro lado, un diseño como éste en un país con una alta volatilidad electoral podría llevar a una concentración inesperada de poder. Este riesgo se incrementa si se considera que se atenúan las históricas supra-mayoritarias de los estatutos legales de los órganos autónomos, cuyo propósito era proteger instituciones esenciales para la democracia constitucional de posibles mayorías circunstanciales.
El presidente también resulta empoderado jurídicamente, al permitírsele reorganizar el ejecutivo al comienzo de su mandato, dictando para ello decretos que modifiquen el número de ministerios y la dependencia de sus servicios públicos sin necesidad de recurrir al Congreso. También se introduce una agenda legislativa prioritaria, que le da luz verde para una tramitación expedita en tres proyectos por año. A ello se suma que se le entrega una iniciativa exclusiva para iniciar un reemplazo total de la constitución.
Estas prerrogativas van de la mano con algunas innovaciones que podrían servir de contrapesos al poder presidencial, como nuevas herramientas que facilitarán a los parlamentarios ser contraparte del ejecutivo en discusiones técnicas (Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio), un intenso régimen de participación ciudadana y cambios en el estatuto del empleo público para profesionalizar la administración del Estado.
Toda alternativa de diseño constitucional supone asumir un costo y los comisionados expertos lo han explicitado. La gran pregunta que ahora debemos hacernos es cómo estos cambios alterarán los equilibrios que supone una democracia. Y al hacerlo, hay algo que nunca debemos olvidar: todo sistema presidencial descansa en un sistema de frenos y contrapesos; el poder de uno controlará y servirá de límite al del otro. De ahí la importancia de estos equilibrios.
