Descentralización
Si bien el anteproyecto de la Comisión de Expertos define a Chile como un Estado unitario y descentralizado (artículo 7), lo interesante es que deja abierta la opción de seguir profundizando la descentralización -con mecanismos concretos- si el Congreso así lo decide. Este innovador camino habilitante se logra al ampliar los límites establecidos por la actual Constitución, tanto en lo administrativo como en las esferas política y fiscal. Y todo bajo principios estructurales como la solidaridad y equidad territorial, la pertinencia territorial, la radicación preferente de competencia, la coordinación y asociatividad, la responsabilidad fiscal y la prohibición de tutela del poder central.
Sobre la organización administrativa se reafirma en gran medida la estructura actual. Se establece que el Estado se divide en regiones, provincias, comunas y dos territorios especiales (Rapa Nui y Juan Fernández), con el objetivo de lograr una integración armónica y un desarrollo sostenible. La asignación de funciones públicas se determinará mediante ley, dando prioridad al gobierno local, seguido por el gobierno regional y, finalmente, el gobierno nacional. Los procesos de transferencia de competencias también serán establecidos por el legislador. Por lo tanto, aunque se vislumbra una dirección e intención clara, los aspectos específicos y la flexibilidad legislativa serán determinantes para el resultado final.
En relación con la descentralización política, el anteproyecto propone que la administración de cada región recaiga en el gobierno regional, elegido por voto universal y conformado por el gobernador y el consejo. Éste último, además, deberá fiscalizar la gestión de aquel. A nivel comunal no innova en su administración. Para fomentar la coordinación y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, se promueve la asociación y cooperación entre los gobiernos regionales y las municipalidades, a través de instancias como el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Alcaldes. Además, se establecen mecanismos de participación ciudadana, como foros de deliberación, plebiscitos y consultas sobre prioridades presupuestarias. El desafío radicará en integrar los impulsos ciudadanos diarios con la democracia representativa, así como en lograr la imprescindible coordinación entre los diferentes niveles, desde el nivel central hasta el provincial. No es una tarea sencilla, ya que implica desprenderse del poder, al final.
En última instancia, se propone decididamente promover la descentralización fiscal como medio para lograr un efectivo desarrollo equitativo y solidario entre las regiones y comunas, algo que la Constitución actual no permite. Claramente, lo que se busca es limitar el alto grado de centralismo en la toma de decisiones y aumentar progresivamente el gasto público ejecutado por las entidades subnacionales. Se establecen diversos mecanismos para corregir las desigualdades entre los diferentes territorios a nivel subnacional, que incluyen el financiamiento basal, la solidaridad territorial y la compensación por las externalidades negativas de ciertas actividades. Además, se impulsa la participación de los gobiernos regionales y locales en la ejecución del gasto público nacional, estableciendo metas anuales.
La ley también puede autorizar que ciertos tributos de naturaleza local beneficien a la región o comuna respectiva, o permitir el uso de sobretasas en impuestos regionales o municipales específicos, con el objetivo de destinar los recursos a proyectos de desarrollo e inversión. Asimismo, se permite la contratación de préstamos para financiar proyectos concretos, siempre respetando los límites legales establecidos. Estas disposiciones representan un avance significativo en comparación con la Constitución actual, al reconocer la importancia de impulsar una descentralización efectiva respaldada adecuadamente en términos de asistencia técnica, personal y financiamiento suficiente, con el objetivo de asegurar una gestión eficiente y con impacto de los recursos públicos.
El anteproyecto aborda el diagnóstico compartido de avanzar hacia una mayor descentralización de manera responsable, reconociendo la heterogeneidad territorial. Pero también, y eso es algo que hay que celebrar, habilita un camino para abordarlos. La tarea de hacerse cargo de ese rumbo recae ahora en las mayorías democráticas representadas en el Congreso, en caso de que el texto sea aprobado en diciembre.
Puedes ir al boletín haciendo clic aquí