A cuatro meses del plebiscito de salida: desinterés y bajas expectativas
En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en el proceso constituyente durante la última quincena. En esta ocasión, te compartimos la columna de Mauricio Salgado, acerca de los resultados de la Encuesta CEP N°89 sobre el actual proceso constitucional.
En esta nueva entrega del boletín del Monitor Constitucional te informamos sobre lo que ha ocurrido en el proceso constituyente durante la última quincena. En esta ocasión, te compartimos la columna de Mauricio Salgado, acerca de los resultados de la Encuesta CEP N°89 sobre el actual proceso constitucional.
A cuatro meses del plebiscito de salida: desinterés y bajas expectativas
Mauricio Salgado, investigador CEP
Los resultados del último Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP, levantada entre junio-julio de este año, muestran que el éxito del proceso constituyente actual es más bien incierto, si por tal entendemos que los ciudadanos voten mayoritariamente a favor de la propuesta que emane del Consejo Constitucional. Los resultados de la encuesta indican que prácticamente una de cada dos personas (un 49%) tiene poco o nada de interés en el tema. Además, mientras que sólo un 19% evalúa bien o muy bien el proceso, un 37% tiene una evaluación negativa del mismo –y otro 37% responde que lo evalúa “ni bien ni mal”.
No son cifras alentadoras. Evidentemente, ambas preguntas no miden la intención de voto en el plebiscito de diciembre próximo, pero entregan al menos una fotografía del estado de la opinión pública: hay desinterés y una evaluación entre regular y mala.
La evaluación y el interés por el proceso están asociados: quienes mejor lo evalúan son también quienes se muestran más interesados. Sin embargo, esta asociación no puede ser interpretada en términos causales, esto es, que un mayor interés redunde en una mejor evaluación. Podría ser a la inversa, o podría ser que quienes mejor lo evalúan y están más interesados comparten algún atributo común que desconocemos. Gracias a la encuesta sabemos que en las zonas rurales existe una mejor evaluación y que quienes poseen educación superior son más críticos. La mala evaluación es, en todo caso, independiente del posicionamiento de los encuestados en el eje izquierda-derecha, por lo que la desaprobación no responde necesariamente a la ideología de las personas.
Las expectativas de la ciudadanía por una nueva Constitución han declinado con el paso del tiempo. En la actualidad, las cifras son peores que las registradas antes del plebiscito de salida anterior. En diciembre de 2019 –cuando el Congreso Nacional votaba la reforma constitucional que abrió el camino para el cambio constitucional–, un 56% de los encuestados consideraba que una nueva Carta ayudaría a resolver los problemas de Chile; solo un 6% consideraba que empeoraría la situación del país. Las expectativas eran entonces muy altas. No obstante, en el último estudio de opinión del CEP ellas registran su nivel más bajo. Hoy, solo un 23% cree que el nuevo texto ayudará a resolver los problemas del país, y aumentan a un 25% los que creen que la situación actual será probablemente peor.
Es más, si tomamos la encuesta CEP de abril-mayo de 2022, cuatro meses antes del plebiscito del 4 de septiembre –levantada cuando los convencionales despachaban el borrador de proyecto constitucional–, vemos que un 36% creía que la nueva Constitución ayudaría a resolver los problemas de Chile. Esto quiere decir que las expectativas positivas de la ciudadanía sobre el actual proceso han retrocedido 13 puntos porcentuales si las comparamos con las que tenía al cierre del debate de la Convención Constitucional, con todos sus excesos y excentricidades. La última encuesta CEP llega aproximadamente cuatro meses antes del plebiscito de salida de diciembre próximo.
El éxito del proceso parece ser incierto. Esto es un llamado de atención para todos los sectores políticos que firmaron el Acuerdo por Chile y, especialmente, para las y los miembros del Consejo Constitucional. La encuesta CEP también muestra que la mayoría de la población (59%) continúa prefiriendo a consejeros que privilegien los acuerdos, aunque al hacerlo tengan que ceder en sus posiciones. Esta es una expectativa ciudadana que –a diferencia de lo observado en la conducta de los convencionales– nadie debería olvidar.
Desde el 1 de agosto, los miembros del Consejo deberán pronunciarse sobre las más de mil enmiendas presentadas el 17 de julio. Entramos así en una nueva etapa, en que los consejeros deberán abrirse a la negociación de posiciones políticas (no de principios) y la búsqueda de acuerdos mediante una práctica que combine la convicción con el pragmatismo –mediante una simpatía política mutua. Además, el Consejo deberá procesar los resultados de los mecanismos de participación, como las iniciativas populares de norma, las audiencias, los diálogos y las consultas ciudadanas. Estas son instancias centrales para robustecer la conexión con la población. Si no son procesadas de modo adecuado por los consejeros, buscando los acuerdos políticos que necesariamente conllevarán compromisos doctrinarios, la decepción de las expectativas ciudadanas se incrementará y se hará más probable aquello que la mayoría quiere evitar: un segundo proceso constitucional fracasado.
Referencias
Mascareño, A. Henríquez, P. y Rozas, J. 2023. El valor de lasimpatía política mutua. Pragmatismo y convicción en la Comisión Experta. Puntos de Referencia 666, Centro de Estudios Públicos. Disponible en este link.
1. Los números de las enmiendas
El martes 18 de julio se presentaron las enmiendas de los consejeros constitucionales al anteproyecto propuesto por la Comisión de Expertos. En total, se introdujeron 1.092 enmiendas, presentadas por 4 bancadas: el Partido Republicano (REP – 22 Consejeros), la Unión Demócrata Independiente (UDI – 6 Consejeros), Renovación Nacional (RN – 4 Consejeros) y Evópoli (EVO – 1 Consejera) que actúan como una única bancada, y finalmente el conjunto de partidos de izquierda y centroizquierda con representación en el Consejo, compuesto por el Partido Socialista (PS – 6 Consejeros), Revolución Democrática (RD – 5 Consejeros), Convergencia Social (CS – 4 Consejeros) y el partido Comunista (PC – 2 Consejeros).
En la Figura 1 se grafica el desglose de las enmiendas según quienes las patrocinaron:
(Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)
La bancada del Partido Republicano fue la que mayor número de enmiendas presentó, con un total de 400. En segundo lugar, la UDI presentó 284 enmiendas, seguida por la bancada RN-EVO con 220 enmiendas. Finalmente, el conjunto de partidos de izquierda y centro izquierda presentaron 180 enmiendas.
Como se observa en la figura 2, el capítulo que recibió más enmiendas fue el segundo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales, con 328 enmiendas. Le siguió el capítulo sexto de Gobierno y administración regional y local, con 121 enmiendas, y el capítulo cuarto sobre Congreso Nacional, con 105 enmiendas.
Dentro del capítulo segundo, la distribución de enmiendas fue equitativa, con 101 enmiendas de Republicanos, 91 de la UDI, 71 de RN-Evópoli y 62 de la izquierda y centro izquierda. En contraposición, los capítulos sobre Gobierno y la Administración del Estado (V), Gobierno y Administración Regional (VI), y sobre Congreso Nacional (IV) fueron de mayor interés para el Partido Republicano, ya que su bancada centró cerca de la mitad de las enmiendas en estos tres capítulos.
Por su parte, la UDI mostró especial interés por el capítulo sobre la Corte Constitucional (IX), de Congreso Nacional (IV), de Representación Política y Participación (III), y en las Disposiciones Transitorias. La bancada de RN-EVO centró sus enmiendas en el capítulo sobre el Congreso Nacional (VI), Poder Judicial (VII) y Ministerio Público (IX).
Los partidos de izquierda y centro izquierda centraron sus restantes enmiendas en el capítulo sobre los Fundamentos del Orden Constitucional (I), Poder Judicial (VII), Gobierno y Administración Regional (VI), y sobre Protección del Medio Ambiente (XIII), siendo este último el único de los capítulos en el que los consejeros de izquierda y centro izquierda presentaron un mayor número de enmiendas.
(Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)
Respecto al tipo de enmienda, ellas se pueden dividir en 3: (i) las que modifican o sustituyen una norma del anteproyecto de la Comisión Experta, (ii) las que agregan una nueva y (III) las que eliminan una existente. Como se observa en la Figura 3, el Partido Republicano fue el grupo que más presentó enmiendas con la intención de eliminar contenido del anteproyecto (70), seguido por la UDI (33) y RN-EVO (29). La izquierda y centro izquierda presentaron solo 7 solicitudes para eliminar contenido del anteproyecto.
El segundo tipo de enmienda más utilizada fue la modificatoria o sustitutiva. Nuevamente, el Partido Republicano fue la bancada con mayor número de enmiendas (187). Esta bancada fue la única que, considerando el número total de sus enmiendas, presentó más solicitudes de modificación que de agregación.
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2. Enmiendas transversales
Los consejeros de la izquierda y centroizquierda, optaron por presentar 180 enmiendas de consenso. Solamente 121 de esas enmiendas no fueron patrocinadas por el partido Comunista, entre las que destacan:
Introducir que “La libre determinación de los pueblos indígenas se ejerce dentro de un marco constitucional que asegure la unidad nacional e integridad territorial” (enmienda N° 38/1).
Establecer escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso, cuya cantidad sería determinada conforme a criterios de proporción demográfica y distribución territorial (enmienda N°2/4).
Reconocer nuestro país como un Estado intercultural (enmienda N°4/1).
Sin perjuicio de lo anterior, hubo 4 acuerdos formales de consenso de la derecha, los que referían a la regulación constitucional de los derechos sociales y de la defensa nacional, a saber:
Se propone consagrar los derechos de elección a (1) la entidad prestadora de salud y la entidad que entregue cobertura a esas prestaciones, ya sea pública o privada (enmienda N°177/12), y (2) la institución que administra los ahorros previsionales (enmienda N°214/2).
A su vez, garantizar la propiedad sobre los ahorros previsionales y su heredabilidad (enmienda N°214/2).
El derecho y deber preferente de los padres o tutores legales de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar y garantizar su interés superior (enmienda N°132/2).
Crear un nuevo capítulo VI, titulado “Defensa Nacional” (enmienda N°60/5). En cuanto al contenido del capítulo, Chile Vamos presentó una propuesta conjunta de texto (enmienda N°71/5).
Adicionalmente, y de acuerdo al análisis realizado por el CEP, de las enmiendas presentadas por la derecha, 52 de ellas pueden considerarse acuerdos transversales de toda la derecha o de algunas de sus bancadas. Especialmente, considerando que en 34 casos las enmiendas tienen igual redacción.
La tabla a continuación resume lo señalado previamente y muestra la distribución de las 52 posibles enmiendas de consenso, diferenciándolas según las bancadas que las patrocinan y si presentan o no igual redacción. Asimismo, se señalan las principales temáticas abordadas.
(Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)
Esta similitud en cuanto a la redacción o ideas matrices de las enmiendas tiene especial relevancia considerando la posibilidad de éxito que ellas tienen dada la correlación de fuerzas existente dentro del Consejo Constitucional. En este sentido, debe recordarse que las enmiendas se entenderán aprobadas si reciben el voto favorable de tres quintas partes de los miembros de la subcomisión correspondiente y luego del pleno. En ese contexto, el Partido Republicano representa un 44% del Consejo, con 22 consejeros, y la derecha en su conjunto suma 33 consejeros, equivalentes a un 66% del Consejo en ejercicio.
Finalmente, pese a no haber acuerdos formales, las siguientes 4 propuestas lograron respaldo tanto de la derecha como de la izquierda y centro izquierda:
Con el apoyo de republicanos, la UDI y de la centroizquierda e izquierda se busca incorporar como territorio especial el Territorio Chileno Antártico (enmiendas N°66/6, 67/6 y 68/6 al artículo 139 inciso 1 del Anteproyecto).
Con las firmas de Chile Vamos y de la centroizquierda e izquierda, se propone que el presidente de la República pueda solicitar a la Corte Constitucional que resuelva si determinada moción o indicación a un proyecto de ley es de su iniciativa exclusiva (enmiendas N°23/8, 24/8, 25/8 y 26/8 al artículo 169 literal b) del Anteproyecto).
A propuesta del partido republicano y de la centroizquierda e izquierda, podría pasar a ser facultativo para el Fiscal Nacional del Ministerio Público oír su consejo consultivo previo, por ejemplo, a la aprobación del plan estratégico institucional y de la política de persecución criminal de la institución o a establecer modalidades de participación ciudadana, entre otros casos regulados en el artículo 180 inciso 2 del Anteproyecto (enmiendas N°47/9, 48/9 y 50/9).
La bancada de Renovación Nacional y Evópoli, al igual que la centroizquierda e izquierda, pretenden que mediante una ley se pueda designar una región o parte de ella como territorio estratégico y determinar beneficios e incentivos en razón de su importancia geopolítica, baja densidad poblacional, conectividad con el resto del país o necesidad de reserva de recursos naturales. Sin perjuicio de que comparten la idea matriz, existen ciertas diferencias entre sus propuestas, por ejemplo, en que la bancada de RN y Evópoli sostiene que debe ser regulado por una ley de quórum calificado o en que el oficialismo busca que dichos territorios tengan modalidades diferenciadas en inversión pública (enmiendas N°70/6 y 71/6 al artículo 139 del Anteproyecto).
3. Hoja de ruta del Consejo Constitucional
Este martes comienza la discusión en las comisiones del Consejo acerca de las más de 1.000 enmiendas presentadas por las bancadas.
A continuación, te explicaremos de qué forma los consejeros podrán aprobar dichas enmiendas y modificar el anteproyecto preparado por la Comisión Experta.
(Puedes ver la gráfica en mayor detalle haciendo clic aquí)
Este martes 1 de agosto se inicia el debate sobre cada una de las enmiendas en las comisiones del Consejo, para luego ser votadas y llevadas al Pleno.
La Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado recibirá como invitada a la ex presidenta Michelle Bachelet, el próximo 7 de agosto a las 16:00 horas.
Posteriormente, el 7 de octubre, el Consejo deberá evacuar la propuesta de texto de nueva Constitución a la Comisión experta. Esta última podrá hacer observaciones, las que posteriormente serán discutidas por el Consejo.
En esta edición de nuestro boletín, queremos recomendarte tres Puntos de Referencia elaborados por nuestro equipo de investigación:
Nuestros investigadores Aldo Mascareño y Juan Luis Ossa publicaron el documento ‘La política de la identidad en el Partido Republicano’. Por medio de técnicas de análisis digital e interpretativo, el artículo entrega inicialmente un panorama general de las enmiendas presentadas por los consejeros para luego centrarse en las enmiendas del Partido Republicano que pueden ser consideradas más controversiales y que el mismo partido ha denominado identitarias.
Argumentan que este tipo de enmiendas reintroducen en la discusión constitucional una política de la identidad que sólo puede practicarse de manera conflictiva frente a un otro que, en ese mismo acto, se constituye en negación de lo propio. Puedes acceder al documento aquí.
Nuestros investigadores Eugenio García-Huidobro y Benjamín Lang, en colaboración con la ex investigadora asistente Daniela Leitch, realizaron el documento ‘Antecedentes para la discusión constitucional sobre una Oficina Parlamentaria de Presupuestos. En éste se ofrece un análisis de la propuesta de la Comisión Experta para crear la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio, cuyo propósito es asesorar al Congreso Nacional en los aspectos financieros, presupuestarios y regulatorios de las discusiones legislativas.
Para ello, se ofrece una revisión de la literatura sobre estas instituciones, de la experiencia comparada y también de los distintos intentos que se han realizado en el país para desarrollar una institucionalidad que cumpla tal propósito. Puedes acceder al documento aquí.
Nuestras investigadoras Carmen Le Foulon y Ariadna Chuaqui, en colaboración con Tomás Olguín, dieron a conocer el documento ‘Quién vota en Chile: primeros análisis después del voto obligatorio. El estudio primero analiza la evolución histórica de los votantes desde 2012 hasta la última elección con voto voluntario en 2021, usando datos del Servel. Luego, para complementar la revisión histórica, se utilizan los datos de la Encuesta CEP N°88 de noviembre-diciembre 2022 para analizar las características sociodemográficas y actitudinales del electorado bajo la regla de voto voluntario según su hábito de voto, junto con su comportamiento en el plebiscito de salida de 2022. Se concluye que las mayores diferencias se presentan entre los votantes con mayor hábito de voto y los demás grupos, y que bajo la votación obligatoria se incorporó al electorado un grupo significativo de personas con menor nivel educativo y actitudes más moderadas en relación a la legislación del aborto. Puedes acceder al documento aquí.
