En el día que se da inicio al nuevo proceso constitucional, la edición Nº50 del Boletín del Monitor presenta un seguimiento de los últimos hitos previos a la instalación, lo que se viene en las próximas semanas y la primera edición de "Voces del CEP" por Eugenio García Huidobro.
Con el inicio de un nuevo proceso constituyente, vuelven las entregas del Boletín del Monitor Constitucional. Cada quince días, el equipo de investigadores del CEP te entregará un adelanto de las principales actividades a seguir en la discusión y un breve análisis de lo ocurrido en las jornadas previas. También incluiremos, como contenido destacado, las reflexiones que diversas voces del CEP desarrollarán sobre las materias o procesos en desarrollo que estarán marcando el debate hacia una nueva Constitución.
En esta entrega, comenzamos con un texto de nuestro investigador, el abogado Eugenio García-Huidobro.
Terminar con la excusa constitucional
Piove, governo ladro! es un chiste común entre los italianos, que se traduce algo así como ‘¡está lloviendo, gobierno ladrón!’ y con el que se busca, aun sabiéndolo falso, culpar al gobierno de todo lo malo que aqueja a esa sociedad. Los chilenos tenemos una versión propia de esta parodia, pero que lo reduce todo a la constitución. El problema es que, antes que chiste, ella se ha vuelto una tragicomedia.
Uno de los principales propósitos buscados con una constitución es diseñar una democracia en torno a reglas cuyos significado e interpretación sean razonablemente claros y predecibles. Su establecimiento busca fijar marcos de deliberación política que no puedan ser discutidos constantemente, que estén previamente zanjados. El hecho de que estas reglas hayan sido determinadas con anterioridad es el que nos libera de tener que debatirlas nuevamente en cada momento y nos permite así orientar nuestra atención a las discusiones de la política cotidiana. Tal como las reglas del ajedrez, son ellas las que nos permiten establecer un marco que en definitiva posibilita que podamos jugar a algo. Es en este sentido que se dice que una constitución es anterior a la política: aquélla debe quedar de ordinario sustraída de las discusiones que se dan dentro de ésta.
Para que esto sea posible, existe una premisa básica sobre la que descansa toda democracia constitucional y que muchas veces olvidamos: el constitucionalismo tiene escaso valor sin élites políticas dispuestas a honrar los acuerdos que subyacen a toda regla constitucional, hayan sido o no acordados por ellas. En su esencia, una constitución no es más que una serie de acuerdos para organizar el poder que toda la élite política se compromete a cumplir y hacer cumplir sin importar las consecuencias o el propio beneficio.
Aquí radica precisamente nuestro principal problema constitucional. Las últimas décadas han atestiguado la dificultad cada vez mayor que supone tener discusiones de política ordinaria, sea que se trate de políticas públicas, modernización del Estado o emergencias sociales. Cada vez que uno de estos debates tiene lugar, se cuelan recriminaciones o reproches en contra de las reglas constitucionales llamadas a encausarlos. Estas reglas terminan así funcionando –con mayor o menor intensidad– como una excusa para la inacción política.
Podríamos discutir largamente las causas que nos llevaron a esta situación o sus méritos (que los hay, no cabe duda). Pero llevamos ya cuatro décadas enfrascados en discusiones constitucionales, con un costo altísimo para nuestra democracia. Más importante aún, rara vez se menciona que los recientes intentos por solucionar este problema constitucional han fracaso en parte importante porque ellos han estado marcados por distintos tipos de exclusiones.
En el fallido proceso constituyente de la Presidenta Bachelet se marginó torpemente a los partidos políticos, lo que explica que su propuesta constitucional haya sido recibida con transversal indiferencia por los parlamentarios. La Convención Constitucional, por su parte, deliberadamente relegó a sectores completos de la sociedad para avanzar con una propuesta refundacional que fue rechazada masivamente en las urnas. De distintas formas y en otra escala, en ambos intentos se incurrió en el mismo pecado original que terminó siendo la marca indeleble de la constitución vigente: haber empujado un diseño institucional con vencedores y perdedores que se construyó desde la exclusión.
No está de más recordar todo esto en el día que comienza un tercer intento por solucionar nuestro problema constitucional. Son tantos los temas a tratar y tanta la profundidad con que cada uno de ellos debe ser abordado que es fácil olvidar cuál es la principal prioridad de este nuevo esfuerzo. Esto requiere no sólo de diálogo, sino también de generosidad y renuncias recíprocas con independencia de quienes se hayan visto favorecidos en la última elección parlamentaria y de quienes prevalezcan en las de mayo próximo. Parece difícil, pero sólo así será posible que la propuesta constitucional resultante sea percibida como un pacto de gobernabilidad duradero cuya legitimidad no sea cuestionada a través de excusas por quienes pierdan las distintas discusiones de la política cotidiana.
Por Eugenio García-Huidobro, abogado. Investigador CEP
En los próximos días, los acontecimientos más importantes serán la instalación de la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad; la elección de la Mesa Directiva y la entrega de la propuesta de estructura y sus enmiendas, ya que entregarán un interesante anticipo de la discusión constitucional que está ad portas de comenzar. Luego, deberemos ver cómo se integran las subcomisiones y qué propuestas de capítulos comenzarán a darle forma al anteproyecto que la Comisión Experta deberá presentar el próximo 4 de junio.
Cabe recordar que los meses que siguieron a la publicación de la reforma constitucional que habilitó el proceso el pasado 17 de enero, estuvieron marcados por los nombramientos realizados por el Congreso de los comisionados expertos y los miembros del Comité Técnico de Admisibilidad.
Además, a partir del trabajo realizado por los secretarios de ambas cámaras del Congreso y su revisión por parte de una comisión bicameral de parlamentarios, el Congreso ratificó el Reglamento de Funcionamiento de los Órganos del Proceso Constitucional.
Por otro lado, a comienzos de febrero los diferentes partidos políticos y pactos electorales realizaron las inscripciones de candidaturas al Consejo Constitucional y se dio por iniciado el periodo de campaña electoral.
Este lunes 6 de marzo se realizará la sesión de instalación de la Comisión Experta y del Comité Técnico de Admisibilidad (CTA), en el ex Congreso Nacional. De acuerdo con el mencionado Reglamento, en esta sesión el Secretario General investirá al comisionado de mayor edad como Presidente de ésta, ante quien deberán prometer o jurar la aceptación del cargo los restantes comisionados.
Luego de instalada la Comisión se procederá a la elección de la Mesa mediante votación pública. Dado que el Reglamento no contempla una fórmula de desempate en dicha votación, podría requerirse más de una ronda de comicios para definir la Mesa Directiva.
Una vez integrada dicha Mesa, comenzarán a correr los plazos para la elaboración del anteproyecto de la Comisión Experta. Primero, el Presidente y Vicepresidente tendrán solo 4 días para la formulación de una propuesta de estructura constitucional compuesta por capítulos. Si se quiere, este será el esqueleto de la arquitectura de la propuesta final.
Esta estructura será comunicada a los demás comisionados para que puedan formular enmiendas (el equivalente de las indicaciones en el proceso legislativo) dentro de tres días. Terminado este plazo, se citará a sesión para debatir y votar la estructura constitucional con sus respectivas enmiendas. La estructura se entenderá aprobada al contar con el voto favorable de 3/5 de los miembros de la Comisión, esto significa que se podrá aprobar con el voto de 14 comisionados.
Habiendo definido la arquitectura inicial, será momento de comenzar el debate de fondo en la discusión constitucional. Para ello, dentro de 15 días los integrantes de la Comisión Experta deberán presentar o patrocinar iniciativas de normas constitucionales que regulen algún capítulo de los establecidos en la estructura en su totalidad, incluyendo normas de articulado permanente y transitorio. Aquellas iniciativas de capítulos que sean aprobadas por el pleno serán luego remitidas a una de las subcomisiones en las que se organizarán los comisionados, para su discusión en particular. Los comisionados, a su vez, se distribuirán entre las siguientes comisiones:
Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado
Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos
Principios, Derechos Civiles y Políticos
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
En esta edición del Boletín del Monitor te invitamos a revisar:
«Precondiciones para la construcción de un Estado social en Chile». Investigadores del CEP abordaron uno de los temas eje de la naciente discusión constitucional -el eventual tránsito hacia un Estado social de derecho- y las condiciones que se deben dar para su implementación.
“¿Cómo diseñar las reglas de reforma constitucional? Experiencia comparada”, seminario en el CEP con Richard Albert -profesor de Derecho y Director de Estudios Constitucionales, Universidad de Texas- y Catalina Salem -profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional UDD y Miembro de la Comisión Experta-, quienes entregaron recomendaciones sobre cómo diseñar las reglas de reforma constitucional a la luz de la experiencia comparada.
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